No con mis impuestos

España recibirá en esta próxima semana al jefe de la Iglesia Católica. Joseph Ratzinger aterrizará en Santiago de Compostela para celebrar como peregrino el Año Santo Jacobeo.  Permanecerá seis horas en la capital gallega. Después un vuelo chárter le llevará, junto a su séquito,  a Barcelona para consagrar la Catedral de la Sagrada Familia.

Su misión será “invitar a todos los españoles a recuperar las raíces cristianas para que no disminuya el proceso de evangelización”, según Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española.  Esta evangelización se traducirá, una vez más, en insultos a homosexuales, ateos, agnósticos, profesionales del aborto, mujeres que voluntariamente han interrumpido su embarazo, madres solteras, separadas y divorciadas y a familias formadas por dos papás o dos mamás.  Pecadores,  todos ellos. Es la cruzada del siglo XXI.

En tiempos de crisis, el viaje evangelizador del jerarca supremo del catolicismo costará a las arcas públicas cerca de cinco millones de euros, sin cuantificar los gastos de protocolo, seguridad y  logística que evidentemente también serán a cargo del presupuesto público.
Las escasas seis horas que estará Benedicto XVI en Santiago de Compostela le supondrán al erario de los gallegos más de tres millones de euros, de los cuales la mitad irá destinado a  la retransmisión que llevará a cabo la televisión autonómica de Galicia. 

En Barcelona,  el importe que conllevará la bendición de la Sagrada Familia por el representante de Jesús de Nazaret en la tierra será de 1,2 millones de euros. El costo económico de las 23 horas que Ratzinger aprovechará  para extender el odio contra los que no se adecuan a la uniformidad y estrechez mental de la institución a la que representa,  será abonado por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.
Cada hora que el líder espiritual de los católicos esté en España nos costará a todos los españoles, ateos, agnósticos; cristianaos ortodoxos; evangélicos; musulmanes; hindúes; judíos; protestantes…, más de 150.000 euros. O lo que es lo mismo,  la defensa de las bondades de la familia tradicional la pagaremos los ciudadanos, incluso aquellos que nos sentiremos insultados, vejados, humillados y censurados por el Papa. 

Lo anteriormente enumerado es el precio monetario que nos costará la visita del pontífice. El precio político ha sido la rendición del Estado a la Iglesia Católica. El gobierno de Zapatero, que llevaba en su programa electoral la aprobación de una nueva Ley de Libertad Religiosa para articular la nueva realidad de la sociedad española, ha decidido guardar “de momento” el borrador de la citada ley. “No es aconsejable cabrear al líder de los católicos”, habrán pensando en Moncloa. 

La no tramitación parlamentaria de esta ley  seguirá permitiendo que los ministros cuando juren o prometan sus cargos lo hagan delante de un crucifijo -como hemos podido observar en la última remodelación del Gobierno-, que las aulas de  los hospitales públicos o centros educativos sigan estando presididas por símbolos confesionales  o que en un funeral de Estado vuelva a ser una celebración católica oficiada por la jerarquía de esta confesión, aunque entre los fallecidos haya no creyentes o musulmanes -como ocurrió con el funeral de Estado del 11M-.

Abogar por la división entre Iglesia-Estado  es apostar por la libertad y  una democracia  verdadera, que va mucho más allá de que podamos votar cada cuatro años. La democracia son valores más que mecanismos.  El laicismo debe ser un imperativo ético como señal de respeto a los no creyentes o a quienes profesan otras creencias. Sí a la visita del Papa, pero no con mis impuestos.