POLÍTICA PENITENCIARIA BAJO SOSPECHA

Para quienes conocemos cómo es el funcionamiento de los centros penitenciarios sabemos que no es la primera vez que funcionarios de prisiones humillan, vejan, e incluso,  torturan a la población reclusa, con sentencias judiciales condenatorias que lo prueban. También sabemos que hay otro tipo de funcionarios,  muchos menos, que respetan la dignidad de las personas.  Lo que sí es novedoso, es que Instituciones Penitenciarias haya tomado cartas en el asunto.

 Lo ocurrido en la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares es  la demostración del carácter autoritario y del gran poder que el Ministerio del Interior  otorga a los vigilantes; funcionarios exentos de toda inspección, sin cámaras que aseguren la integridad de los reclusos y un corporativismo que sirve para no hacer público los abusos y arrogancias que cometen en su desempeño laboral. Basta ver la opinión  de las compañeras de los funcionarios expulsados, culpando de todo a la Ley de Igualdad y eludiendo reprobar la conducta de sus colegas, situándose al lado de los que tuvieron favores sexuales, supuestamente, a cambio de intercambio de drogas y alcohol.

En España existen organizaciones de defensa de los derechos de los presos que vienen denunciando irregularidades  dentro de las prisiones. España es el país de la Unión Europea con menor tasa de criminalidad, por el contrario, es el país con mayor población penitenciaria, resultado de endurecer las leyes a golpe de titular y expresión manifiesta del mecanismo que  hemos encontrado como sociedad para resolver los conflictos.

Durante los últimos años, han sido varias las denuncias interpuestas ante los tribunales. Algunas han sido admitidas a trámite y se ha condenado al funcionario, en otras muchas,  la presión interna y/o  la persecución y acciones coercitivas de los mismos funcionarios hacia el preso denunciante ha llevado a la retirada de la denuncia. Imaginaos cómo debe ser la presión para quien denuncia a la persona que lo vigila y de la que depende su mísera calidad de vida en un hábitat en el que no está permitido soñar.

El respeto hacia los DDHH en las cárceles españolas está en entredicho desde el momento en el que a las ONG’S no se les permite entrar dentro de algunas prisiones para ejercer su labor (Cádiz, Huelva y Córdoba, entre otras muchas). Seguirán estando en duda mientras los internos tengan dificultades para asistir a la sanidad pública, mientras muchos mueran esperando a que los lleven a una cita con el médico, mientras miles  de enfermos mentales cumplan su condena en departamentos de  presos comunes sin un seguimiento médico hacia su enfermedad, mientras  no se facilite la incorporación a centros de tratamiento de toxicomanías a quienes cumplen prisión por ser víctimas de la drogadicción; mientras no haya un plan serio de intervención con psicólogos, educadores y trabajadores sociales que trabajen en el ámbito psico-social de los presos.

 El alto grado de reincidencia en la cárceles españolas, 60%, es un síntoma de que la política penitenciaria es fallida, anteponer el castigo a la reinserción no reinvierte en la sociedad.  Cuando hablamos de cárceles, estamos hablando de pobres, de personas que nacieron bajo los muros de la desesperanza, en su mayoría. Invertir en humanidad, más que en vigilancia dentro de las prisiones, es invertir en reinserción, en justicia, en oportunidades; es invertir en seguridad ciudadana y en justicia social. No podemos seguir con modelos penitenciarios que hacen la función de meros almacenes de pobres.