El Parlamento Europeo a favor de la libre circulación de los matrimonios del mismo sexo

El Parlamento Europeo (PE), en su última reunión  plenaria,  ha aprobado una resolución por la que pide a la  Comisión Europea (CE) que asegure el reconocimiento de los 27 a los “actos celebrados en  los registros civiles”, en cualquiera de los países que forman la Unión Europea (UE), con el objetivo de reducir las barreras a la libre circulación de los ciudadanos europeos.

La decisión busca agilizar el desarrollo del Programa de Estocolmo,  impulsar “una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano”,  y aprovechar las posibilidades que otorga el Tratado de Lisboa para “reforzar el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia en beneficio de los ciudadanos de la UE”.

Ya en 2009, el PE aprobó otra resolución que instaba a los Estados miembros a que  “sin perjuicio de las legislaciones nacionales en materia de Derecho de familia, velen por la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y de sus familias”.

Por tanto, si la Comisión Europea y el Consejo cumplen con el dictamen del PE,  la libre circulación  de las familias formadas por personas del mismo sexo dejarán de tener impedimentos como ocurre en la actualidad.

A día de hoy,  el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en el Derecho  interno de Países Bajos, Bélgica, España, Suecia y Portugal. Islandia –país candidato a ser miembro de la UE- también contempla el acceso a la institución del matrimonio a los homosexuales.

Con el derecho comunitario vigente,  los matrimonios homosexuales casados en un Estado miembro de la Unión dejan de ser matrimonio si se establecen en un país que no contempla el casamiento para parejas del mismo sexo. Siéndoles negados a éstos  la libre circulación entre los 27 y la ciudadanía europea, es decir, les son usurpados los derechos asociados a la institución matrimonial,  por razón de orientación sexual. Una discriminación intolerable.

Homofobia y transfobia de Estado en la UE

En Europa los homosexuales siguen siendo objeto de legislaciones homófobas que fomentan el odio y la violencia contra éstos sin que el Ejecutivo europeo haya emitido sanciones a los países que hacen de la homofobia de Estado una práctica repetida.

Italia, Polonia, Lituania, Rumanía o Bulgaria, entre otros, son  campeones de la vulneración de los derechos humanos a los homosexuales y transexuales ante la pasividad de la UE. Ninguno de estos países ha sido amonestado por legitmar el odio y amparar la violencia física y verbal contra la homoafectividad.

Es más,  el Parlamento de Lituania está tramitando una ley, que de aprobarse, castigará actos que supongan la “promoción pública de la homosexualidad”. Lo que significa que la legislación lituana castigará cualquier demostración afectiva de dos personas del mismo sexo.  Esta ley se añadirá  a dos leyes homófobas ya existentes en el país báltico y que impiden las referencias positivas a la homosexualidad, con el perjuicio que esto causará para el desarrollo psicosocial de los adolescentes homosexuales, que no tendrán acceso a referentes positivos sobre su orientación sexual.

Las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales europeos  necesitan sentir que sus instituciones construyen una Unión sin ciudadanos de primera y de segunda.

Si hemos sido capaces de adoptar en el seno de la Unión un mecanismo de solidaridad  que permite ayudar  a un país miembro cuando éste tenga problemas de solvencia financiera, o disponemos de un mercado común que garantiza la libre circulación de capitales y mercancías  no podemos mirar hacia otro lado cuando se le pongan muros a  la libre circulación del amor. Esta vulneración de los derechos humanos dentro de las fronteras comunitarias nos ilegitima a predicar el respeto de los derechos fundamentales en países extracomunitarios.