Son profesionales de la mentira y de la manipulación. Han hecho de la figura de Cristo su negocio y, a tenor de los resultados, no parece haberles ido mal: ni en lo político, ni en lo económico ni en lo cultural. Cuando sus mentiras e hipocresía se ven acorraladas, recurren a la manía persecutoria y al victimismo. Están negados a la autocrítica y, como son la sucursal de la divnidad, los equivocados siempre son los otros.
Confunden el laicismo radical con la vulneración a su legítima libertad religiosa y a los laicistas con terroristas anticatólicos. Sin embargo, que un voluntario de las JMJ, hombre blanco y católico, haya intentado atentar contra los manifestantes de la marcha laica no ocupa ni una sola portada de periódico. El terrorista, en libertad con cargos, ha sido confesado, perdonado y puesto en circulación como un ilustre seguidor de las enseñanzas de Jesucristo.
Por enésima vez, los ateos, agnósticos, budistas, musulmanes o judíos españoles hemos sido expulsados de nuestra Constitución. El rey de España y los ministros de Fomento y Presidencia, José Blanco y Ramón Jáuregui, respectivamente, han acudido a la misa papal de Cuatro Vientos. No han ido como ciudadanos católicos, sino en virtud del cargo institucional que ostentan, y, por tanto, han expulsado de la Constitución a los muchos españoles que no somos católicos.
Alegan que el catolicismo “representa a muchos españoles”, realidad incuestionable, pero jamás he visto al rey de España asistir a ninguna de las muchas manifestaciones del Orgullo LGTB, que se celebran cada año en Madrid, evento que también “representa a muchos españoles”. Ni a ninguna concentración sindical, ni a ningún acto budista, musulmán o judío.
Nos tratan de vender un discurso de tolerancia falso. Aquí los únicos expulsados del discurso institucional son los no católicos, que con sus impuestos deben sufragar los gastos de manifestaciones privadas; contrarias, además, a los valores constitucionales y a nuestra propia legislación.
La solución contra el anticatolicismo es sencilla. Si los católicos pagaran su fe con sus impuestos, no existiría el anticatolicismo. La única solución para que los católicos no sufran las agresiones laicistas, ni los laicistas padezcan la ira de los católicos, es que nuestra Constitución nos garantice un Estado radicalmente laico. La religión es una manifestación privada, como privadas son las creencias, mientras que el Estado es de católicos militantes, ateos practicantes, budistas, musulmanes e hinduistas.
Los únicos enemigos reales contra la libertad son los que no toleran, bajo ningún concepto, que las religiones no pueden gozar de un tratamiento preferente por los poderes públicos y recurren a manías persecutorias para no entrar en el debate real. Es de justicia y sobran razones para que este país camine hacia el laicismo.
En un país donde sólo el 19% de ciudadanos acuden a misa, al menos una vez por semana, y las bodas civiles superan a las católicas, pagar con el impuesto de todos los contribuyentes el lujo, el boato y las actividades privadas de los católicos es intolerable. Además, es una auténtica falta de respeto a la libertad de los no creyentes, porque aquí los no creyentes también tenemos libertades y estamos amparados por la Constitución Española. Y no hablo de suprimir la obra social de la Iglesia, que tiene una vía de financiación idéntica al resto de ONG’s.
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