Presupuestos Generales de un Estado laico


La derecha económica y política, encantada con la crisis económica que tan bien les ha venido para extender su ideología desalmada, ha sido capaz de convencernos de que “no hay más remedio que recortar en el Estado del Bienestar porque no hay suficientes ingresos para mantenerlo”. Otra verdad absoluta instalada, en nuestro disco duro, es que la Iglesia Católica contribuye a minimizar los efectos de la crisis entre la población que más la está sufriendo, motivo por el que la derecha no se acuerda de la Iglesia en ninguno de sus “drásticos recortes” o “austeros presupuestos”.




Ambas verdades absolutas son categóricamente falsas y, evidentemente, hay otras cuentas posibles sin necesidad de renunciar ni al Estado del Bienestar ni a la labor social de la Iglesia. Los 10.000 millones anuales que recibe la Iglesia, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), son imprescindibles para cumplir con el objetivo de déficit, exigido por la UE, sin mermar la calidad de los servicios públicos ni condenar a los débiles a pagar los platos rotos del desorden financiero e inmobiliario.


Incluso excluyendo de la barra libre eclesial el dinero que la Iglesia destina a la asistencia social, hospitalaria y al mantenimiento del extenso patrimonio artístico en manos de los hombres de dios en la tierra (3.700 millones de euros), el Gobierno podría ahorrar más de 6.000 millones en favor de las clases populares y medias que van a pagar el coste de la crisis capitalista. Es decir, el impacto de los “duros recortes” podría aligerarse en un 50%.


Porque a estas alturas de la película de miedo, nadie podrá negar que es injusto e incomprensible que el Estado financie los credos privados. Los amantes de las privatizaciones y contrarios a financiar la educación y sanidad públicas, se vuelven comunistas cuando se trata de subvencionar el coste del culto católico y los sueldos de sus funcionarios.


Tampoco es comprensible que, en tiempos de subidas de impuestos generalizadas , la Iglesia se ahorre 1.000 millones de euros en exenciones tributarias tales como el impuesto de bienes inmuebles (IBI), licencias de obras o el impuesto de patrimonio o que sea el Estado quien deba asumir los 700 millones de euros que cobran los profesores de Religión Católica, seleccionados a dedo por los jerarcas eclesiásticos y no tras superar una oposición como el resto de los mortales.


Menos tolerable aún es que 3.900 millones de euros, de todos los españolitos de a pie, estén destinados a financiar centros educativos de ideario católico que, en muchos casos, incumplen los fundamentos constitucionales al discriminar a profesores y alumnos por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género o estado civil.



De estos 6.000 millones de euros que el Estado deriva a la Iglesia, salen los 315 millones que se gasta la Conferencia Episcopal en eventos, misas de Estado o en pagar los respectivos salarios a los capellanes que dirigen las pastorales en las cárceles, cuarteles militares u hospitales públicos.


Si estos 6.000 millones de euros divinos se quedaran en las arcas públicas, Cristobal Montoro no tendría que habernos informado de que el Gobierno de España elimina de facto la Cooperación al Desarrollo, al reducir en 1.389 millones de euros el dinero que dedica el Ejecutivo a paliar la pobreza extrema mundial. Un recorte tan poco cristiano como indecente.


Del generoso cepillo que el Estado regala a la Iglesia Católica, también se podría sacar para seguir ayudando a que los jóvenes tengan acceso a una vivienda digna; para continuar financiando cursos de formación para desempleados o becar a los estudiantes para que aprendan idiomas en el extranjero.


Si fuéramos un Estado laico, en donde la Iglesia se autofinanciara -como cualquier entidad privada-, hubiera sido evitable la subida de las tarifas de gas y electricidad y se tendrían recursos económicos para poder informatizar las aulas, apoyar a los alumnos con necesidades especiales, extender la red de escuelas de 0 a 3 años o para que el acceso a la Justicia siguiera siendo un derecho gratuito y universal.


Sin privilegios a la Iglesia, la agricultura y pesca españolas podrían recibir incentivos para su modernización; el Gobierno no tendría que haber reducido en 450 millones de euros el desarrollo tecnológico industrial para fomentar otro sistema productivo en el que no haya que rezar tanto para ser competitivos; ni tampoco se hubiera tenido que eliminar los convenios de la Dependencia, 280 millones de euros que las comunidades autónomas utilizaban para construir residencias y mejorar la atención a las personas sin autonomía personal.


Ni dios es capaz de comprender que el Estado financie las actividades del clero cuando la Iglesia Católica acumula una cantidad ingente de patrimonio. Sólo el 70% del suelo urbanizable de Toledo, Santiago de Compostela, Ávila o Burgos es propiedad de los que ruegan cada domingo por los pobres del mundo. Solamente en tierras agrícolas, la Iglesia es propietaria de 120.000 hectáreas en todo el territorio estatal y que a un precio de mercado, suponiendo que todas fueran de secano, alcanzarían los 600 mil millones de euros.


Por si fuera poco y los clérigos no tuvieran bastante, gracias a la Ley Hipotecaria que José María Aznar reformó en 1998, la Iglesia puede escriturar en el Registro de la Propiedad inmuebles sin dueño conocido. Es decir, casas parroquiales, templos, cementerios o hasta la Mezquita de Córdoba, que la registró el Obispado de Córdoba por 30 euros, pertenecen a la Santa Madre Iglesia por obra y gracia de un Estado que nos convence de que “no hay dinero para financiar el Estado del Bienestar” pero sí para mantener a una amplia red de seres celestiales a los que se les ha olvidado pronunciar la palabra “pobreza”.


Los “drásticos e irremediables” recortes que afectan directamente al Estado del Bienestar, valorados en 6.182 millones de euros, hubieran sido remediables en un Estado laico que no regalase anualmente 6.224 m€ a la Conferencia Episcopal. Nos hubiéramos evitado el tijeretazo en Cooperación al Desarrollo (1.389 m€), ayudas al acceso a la vivienda (322 m€), políticas para incentivar la búsqueda de empleo (1.557 m€), becas de idiomas (24 m€), subida de las tasas eléctricas (1.400 m€), tasas judiciales (300 m€), Educación y Cultura (830 m€), atención a la Dependencia (280 m€) y en la modernización de la agricultura y pesca (80 m€).


En estos presupuestos alternativos y laicos, se podrían reserva 3.700 millones para la labor de asistencia social, hospitalaria y mantenimiento del patrimonio artístico que gestionan las autoridades católicas. Los PGE laicos podrían pagar el Estado de Bienestar y la labor humanista de muchas entidades católicas si el Estado dejara de mantener el único régimen absolutista de Europa.


El pensamiento único, que repite sin cesar que “nuestro sistema de protección social es insostenible porque no hay ingresos suficientes para mantenerlo”, nos vende miedo para regalarnos seguridad sin protección social, demoniza al Santo Padre Estado y sube a los altares a la Santa Madre Iglesia que ya no representa a la mayoría de la ciudadanía española. 





No hay comentarios: