Hoy, 1 de abril de 2012, entra en vigor uno de los instrumentos más democráticos y esperados por los europeístas que persiguen una Unión Europea que abra los cauces de participación ciudadana. Desde ya, un millón de ciudadanos, de siete Estados miembros, pueden proponer a la Comisión Europea que dé comienzo un proceso legislativo sobre un tema de interés. La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es una de las novedades más aplaudidas que incluye el Tratado de Lisboa que entró en vigor en diciembre de 2009.
El trámite administrativo de la ICE se asemeja bastante a lo que en España se conoce como una Iniciativa Legislativa Popular. Para que la Comisión autorice el proceso, es decir, la campaña para conseguir la adhesión de un millón de ciudadanos, de siete Estados miembros, será necesario que siete personas, de 7 países distintos de la UE, soliciten la apertura del mecanismo previsto para conseguir que las instituciones europeas legislen sobre una propuesta ciudadana.
Si los servicios jurídicos de Bruselas consideran que la petición se adapta a las competencias comunitarias, y no es una iniciativa “manifiestamente abusiva, frívola, ofensiva o contraria a los valores europeos”, será aceptada y los promotores tendrán un año para conseguir el apoyo de sus conciudadanos.
Los críticos con la ICE temen que los grupos de presión y lobbys económicos lo usen para remar a favor de sus intereses ideológicos o corporativos. Es evidente que los trámites para que una ICE triunfe son bastante complicados, aunque no imposibles, debido a que no existe una sociedad civil europea capaz de interactuar eficientemente para conseguir un objetivo común. Salvo raras excepciones, como grupos ecologistas, antiabortistas o movimientos contra la pobreza, la realidad es que la ciudadanía europea aún se pierde fuera de sus respectivos Estados-naciones.
No obstante, la ICE ha sido muy reclamada por quienes quieren abrir la UE a la participación de los ciudadanos. Los defensores de la Iniciativa piensa que puede suponer el comienzo para conformar una sociedad civil con identidad europea y con un campo de acción mucho más extenso que los reducidos Estados-nación.
Quienes piensan que la ICE puede ser un instrumento para los grupos de presión han confirmado sus sospechas. La primera medida será la liderada por el eurodiputado español del PP Jaime Mayor Oreja, quien ha anunciado que, junto a europarlamentarios de otros Estados de la UE, la presentación de una propuesta en contra del aborto, bajo el nombre “No nos resignamos. En defensa de los no nacidos”.
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