La profesión de contar cosas, de fiscalizar a los poderes públicos para contribuir a la extensión de los valores democráticos y a una opinión pública libre e informada para que ésta pueda votar en consecuencia ha sido siempre incómoda para quienes pretenden usar a los periodistas como meros transmisores de su propaganda.
Si queremos ver el nivel democrático de un país, sólo hemos de mirar el nivel de libertades en el que se mueven los profesionales de la comunicación: China, Cuba, Marruecos, Corea del Norte, etc… La libertad de información es inversamente proporcional al respeto a la libertad ideológica y respeto de los derechos humanos. No falla. Todo dictador busca en la prensa una plataforma para extender su propaganda que hipnotice a los ciudadanos, que si desconocen qué hacen los poderes públicos dejan de ser ciudadanos y se convierten en súbditos.
En España, formalmente una democracia garantista, se está vulnerando el acceso de los periodistas a la información, y por ende, restringe a los españoles de su derecho a recibir la información que le permita votar en consecuencia.
La creencia de que los periodistas incomodan a los intereses de los partidos y de que éstos sólo deben trasladar mensajes propagandísticos son los motivos que subyacen en la conciencia de Rajoy, que se niega a responder a las preguntas de los informadores para que nos aclare qué tiene que decir el probable próximo presidente del Gobierno de España sobre la acusación por corrupción que afecta a miembros de su partido.
Hace pocas semanas, Dolores de Cospedal se quejaba a la periodista Ana Pastor de no ser entrevistada de acuerdo a los preceptos de libertad e imparcialidad. Demostración clarividente de que los miembros del PP confunden derecho a la información libre y veraz con la obligación de los medios de comunicación a ser meros transmisores de sus proclamas populistas y propagandísticas. Como demostraron durante la vergonzante etapa de los “hilitos de plastilina” o “ceceoo”.
Ser informado bajo las exigencias de libertad, veracidad y relevancia pública son las tres premisas en las que nuestro ordenamiento jurídico define la libertad de información. Y debería ser una autoexigencia innegociable de los dirigentes políticos, los encargados del desarrollo de los valores democráticos que recoge la Constitución de 1978, garantizar el libre acceso a la información pública.
Nos va en ello la salud de nuestras libertades, el merecido respeto al pluralismo ideológico y a la memoria del papel fundamental que han jugado la prensa y sus profesionales en la conquista de las libertades que se plasman en nuestra Constitución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario